Nos interesan las protestas, concentraciones y movilizaciones que tengan sentido. En estos días, lo que hemos observado en redes sociales va desde rezos hasta personas que parecen no
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Nos interesan las protestas, concentraciones y movilizaciones que tengan sentido. En estos días, lo que hemos observado en redes sociales va desde rezos hasta personas que parecen no tener idea de lo que están hablando. Ante la actual situación de estas movilizaciones, que parecen más un desahogo que una acción efectiva, y las respuestas de las fuerzas policiales, decidimos invitar a nuestro programa a Ramiro García de Dios. Este distinguido invitado, galardonado con el Premio Derechos Humanos 2016 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y ex juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, también conocido como "azote de la policía", abordó varios temas relevantes.
Entre estos temas se incluye el concepto de "lawfare", que se refiere al uso retorcido de la ley por parte del sistema judicial para abrir causas penales sin pruebas sustanciales, menoscabando así la reputación de las personas y señalando una falta de control. Asimismo, discutimos el acuerdo de investidura, calificado como "el final de la democracia" por la Asociación Profesional de la Magistratura. Según García de Dios, estos pronunciamientos distorsionan la ley y actúan al servicio del Partido Popular y la ultraderecha. También señaló una cierta complacencia o "actuación contenida" por parte de las autoridades judiciales frente a las recientes concentraciones, a pesar de los lanzamientos de objetos.
En el ámbito internacional, dirigimos nuestra atención a Palestina, donde la Nakba se repite y más de un millón y medio de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, mientras Israel parece estar violando las reglas de la guerra. En el contexto español, examinamos la posición de la Iglesia Católica, que comenzará a pagar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, totalizando unos 16 millones de euros, aunque aún no pagará el IBI. También destacamos el informe del Defensor del Pueblo, que revela que el 1,13 % de los españoles mayores de edad ha sufrido abusos en el ámbi