Desde mediados de los años 70, los empleados públicos y sus familias han podido escoger entre ser tratados por la sanidad pública o por la privada, financiada con fondos estatales, lo que se conoce como MUFACE. Un millón y medio de beneficiaros ven ahora peligrar su cobertura sanitaria porque las aseguradoras rechazan renovar un modelo de colaboración público-privado que según dicen, les da pérdidas económicas. El gobierno central les propuso una subida del 17%, pero a estas empresas no les parece suficiente.
